✍️ Por: Dr. Abdelaziz Tarekji
Investigador en violaciones internacionales de derechos humanos, periodista de investigación y especialista en lucha contra el terrorismo
Mientras el mundo desvía su atención hacia múltiples conflictos internacionales, Gaza se desliza silenciosamente hacia una catástrofe humanitaria sin precedentes en la historia moderna. Ya no se trata únicamente del número de víctimas o de la destrucción de infraestructuras, sino de un proceso sistemático de hambre colectiva, que afecta a más de dos millones de personas, en su mayoría niños y mujeres.
Lo que ocurre hoy en Gaza ha dejado de ser una simple “guerra”; se ha convertido en una política de exterminio que utiliza múltiples herramientas, llegando incluso a emplear el hambre como un arma insidiosa para quebrar la voluntad de todo un pueblo.
El hambre como arma: un crimen contra la humanidad
Según el artículo 8(2)(b)(xxv) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, provocar deliberadamente el hambre entre la población civil como método de guerra constituye un crimen de guerra. El artículo 54 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra de 1977 también prohíbe atacar, destruir, retirar o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como los alimentos y el agua.
A pesar de la claridad de estas normas, los hechos sobre el terreno revelan un bloqueo total, la prohibición de entrada de alimentos, agua y combustible, e incluso el bombardeo de convoyes de ayuda humanitaria.
Más allá del relato militar: no es una guerra contra Hamás
Desde el inicio de la reciente escalada militar, se ha intentado presentar el conflicto como una confrontación entre Israel y el movimiento Hamás. Sin embargo, los hechos documentados —imágenes satelitales, informes de organizaciones humanitarias y testimonios de médicos y activistas— muestran un patrón sistemático de ataques contra infraestructura civil, campamentos de desplazados, hospitales, panaderías y equipos de rescate.
La ofensiva se ha transformado en una política de castigo colectivo, en contravención directa del artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe expresamente este tipo de medidas contra la población civil.
Ataques contra instalaciones médicas, medios de comunicación y puntos de ayuda: violaciones graves que constituyen crímenes de guerra
Los ataques no se han limitado a civiles desarmados o infraestructuras esenciales. Han afectado repetidamente a hospitales, periodistas y puntos de distribución de ayuda humanitaria, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario.
El artículo 18 del Cuarto Convenio de Ginebra establece que las unidades médicas deben ser protegidas mientras no se utilicen con fines ajenos a su función humanitaria. El artículo 12 del Protocolo Adicional I (1977) refuerza esta protección en todas las circunstancias.
Numerosos informes documentan el bombardeo de hospitales, ambulancias y personal de socorro, incluyendo instalaciones de organizaciones como UNRWA y Médicos Sin Fronteras. Asimismo, varios periodistas —claramente identificados con credenciales de prensa— han sido asesinados o heridos mientras cubrían el conflicto, en abierta violación del artículo 79 del mismo Protocolo.
Por otra parte, los centros de distribución de ayuda, que deberían ser zonas neutrales, han sido atacados, incluyendo bombardeos sobre civiles que hacían fila por alimentos. Esto infringe el artículo 70 del Protocolo Adicional I, que exige permitir y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria sin trabas.
El artículo 8(2)(b)(iii) del Estatuto de Roma también califica como crimen de guerra atacar deliberadamente a personal, instalaciones o medios de transporte dedicados a misiones humanitarias. Esta política sistemática de ataque a la asistencia y al periodismo sugiere una estrategia calculada de asfixia informativa y exterminio indirecto.
El silencio internacional: ¿complicidad o impotencia?
La incapacidad del Consejo de Seguridad para emitir resoluciones vinculantes, y su preferencia por declaraciones vagas de “preocupación”, plantea serias dudas sobre la eficacia del sistema internacional. La pasividad de ciertos Estados influyentes para presionar por un alto al fuego constituye una grave omisión de sus obligaciones bajo la Carta de las Naciones Unidas, en particular el artículo 1, que les exige tomar medidas colectivas eficaces para mantener la paz y la seguridad internacionales.
Este silencio ante hechos tan documentados sólo puede interpretarse como complicidad tácita, que prolonga el sufrimiento y la impunidad.
Obligaciones legales de la ONU y de los Estados
La ONU y sus agencias humanitarias tienen la obligación legal y moral de ir más allá de los discursos y adoptar medidas concretas, entre ellas:
Enviar con urgencia una misión internacional de investigación sobre el uso del hambre como arma de guerra.
Activar el artículo 99 de la Carta de la ONU, que faculta al Secretario General a intervenir ante amenazas graves a la paz.
Establecer corredores humanitarios protegidos para permitir la entrada de alimentos y medicamentos, conforme al artículo 70 del Protocolo Adicional I.
Utilizar la jurisdicción universal para juzgar a los responsables cuando la Corte Penal Internacional no pueda actuar.
Conclusión: la humanidad en juego
Lo que sucede en Gaza no es un asunto local o político, sino una prueba existencial para la conciencia de la humanidad y el orden jurídico internacional. La guerra comenzó con fuego cruzado, pero hoy continúa con hambre, asedio y muerte lenta. Justificar esta realidad con el argumento del “derecho a la defensa” no es más que una forma de complicidad legal y moral.
El mundo se encuentra hoy ante una encrucijada histórica:
O actúa con urgencia para detener el avance hacia un genocidio total, o cargará para siempre con la mancha de haber tolerado la “gran masacre del siglo”.
Las voces de los niños hambrientos, los gritos de las mujeres bajo los escombros y los lamentos de los heridos a quienes se les niega atención médica resuenan en la conciencia colectiva de una humanidad incapaz de proteger a los inocentes.
Salvar a los civiles en Gaza ya no es una opción:
es un deber legal, ético y humano…
antes de que se entierre con ellos lo que queda de la legitimidad internacional.