“Volvé a tu país”… ¿El Servicio Local de Alberti se ha convertido en una autoridad que amenaza con desalojar a ciudadanos y utiliza la discriminación como herramienta de presión?
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Por: Dr. Abdelaziz Tarekji
Periodista de investigación y especialista en violaciones internacionales de derechos humanos
Ciudadano argentino de origen árabe, residente en Alberti – Provincia de Buenos Aires – Argentina
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Del retiro forzado a la confrontación impuesta
El 24 de marzo de 2026 declaré mi retiro de toda confrontación con el denominado “Servicio Local” de Alberti, tras años de intervenciones que no protegieron a mi familia, sino que, según los hechos, contribuyeron a su desintegración y a poner en riesgo el futuro de mis hijos.
Esa decisión no fue cómoda, sino una medida de protección personal frente a una situación de salud delicada y a una presión constante derivada de intervenciones reiteradas.
Sin embargo, lo ocurrido recientemente demuestra que el retiro no es respetado, y que el organismo que debería proteger a los niños no cesa en su intervención, incluso cuando se le solicita expresamente que deje a la familia en paz.
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Poder sin control: cuando la “protección” se convierte en imposición
Lo sucedido no puede considerarse una intervención social ordinaria, sino el ejercicio de un poder fuera de los límites legales.
El Servicio Local de Alberti, lejos de actuar como mediador neutral, se ha comportado como parte del conflicto, respaldando una sola versión, fomentando la conducta desafiante del menor y utilizándolo como herramienta de presión dentro del núcleo familiar.
Esto no es protección.
Es una distorsión del concepto mismo de protección.
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El hecho más grave: amenaza directa y discriminación explícita
En un procedimiento realizado en presencia policial, la situación alcanzó un nivel extremadamente grave.
La directora del Servicio Local de Alberti, Sra. Ángela, no solo defendió la conducta del menor pese a sus provocaciones e insinuaciones inapropiadas, sino que, según consta en la denuncia, avanzó hacia una amenaza directa:
- Amenaza de desalojarme de mi vivienda
- Advertencia de iniciar acciones judiciales para forzar dicho desalojo
Y posteriormente, la frase más alarmante:
“Volvé a tu país, ¿qué hacés acá?”
Esto no es un exabrupto.
Es una expresión abiertamente discriminatoria, contraria al orden jurídico argentino y a los principios constitucionales de igualdad ante la ley.
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Una amenaza a la vida, no solo a la vivienda
Este caso no se limita a una cuestión habitacional.
Soy una persona con problemas de salud y no cuento con familia en Argentina.
Ser expulsado de mi hogar —como fue amenazado— no implica únicamente perder un techo, sino quedar expuesto a un riesgo real para mi vida e integridad.
Esto obliga a plantear preguntas inevitables:
¿Se ha convertido la amenaza de desalojo en un mecanismo de presión?
¿Puede un organismo que debería proteger terminar exponiendo a una persona a un peligro real?
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La ley es clara… ¿pero quién la aplica?
No existe en la legislación argentina ninguna norma que:
- Autorice a un organismo administrativo a desalojar a una persona
- Justifique la discriminación por origen o nacionalidad
- Permita socavar la autoridad parental mediante la incitación
Los hechos —debidamente denunciados— podrían encuadrarse en:
- Abuso de autoridad
- Discriminación
- Y eventualmente presión indebida
El problema no es la falta de normas.
El problema es su aplicación.
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“Interés superior del niño”: un principio utilizado como argumento
El concepto de “interés superior del niño” ha sido invocado reiteradamente.
Pero en la práctica, según los hechos, se ha utilizado para justificar:
- Intervenciones arbitrarias
- La fragmentación del núcleo familiar
- Y decisiones cuestionables bajo apariencia de legalidad
El interés del niño no implica convertirlo en instrumento de conflicto.
Ni reemplazar la autoridad de los padres por decisiones administrativas.
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Entre periodismo y represalia: la pregunta de fondo
Soy periodista.
Y he escrito anteriormente sobre irregularidades en este organismo.
Por ello, surge una pregunta inevitable:
¿Estamos ante la aplicación de la ley…
o ante una reacción frente a lo que fue expuesto públicamente?
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Conclusión: preguntas que no pueden ser ignoradas
Hoy, tras haber presentado una denuncia formal, las preguntas siguen abiertas:
¿Se investigarán estos hechos?
¿Se sancionarán las expresiones discriminatorias?
¿Se pondrá un límite al uso abusivo del poder?
¿O este caso será archivado, como tantos otros?
En un Estado de Derecho, el ciudadano no debería temer a la institución que debe protegerlo.
Y jamás debería escuchar:
“Volvé a tu país”,
como si la ley se aplicara de forma selectiva.
Lo ocurrido no es un hecho aislado.
Es una prueba concreta del nivel de respeto —o de su ausencia— hacia el Estado de Derecho en Alberti.
Finalmente, agradezco a la Policía de Alberti por haber recibido la denuncia y remitirla a la Fiscalía.
Confío en la justicia argentina, porque el principio de justicia es un valor profundamente arraigado en mis convicciones.
